Deporte Balear

Argumenta que las decisiones que ejecuta podrían acarrear consecuencias «civiles e incluso penales»

­Miguel Blum presentó ayer su dimisión como apoderado del Real Mallorca al no sentirse protegido legalmente a la hora de ejecutar ciertas decisiones y por la nula colaboración que, según dice, ha encontrado en algunos consejeros.

«Como apoderado, ejecuto las decisiones del Consejo de Administración. El Consejo, sin embargo, por su situación especial no toma las decisiones necesarias para garantizar un buen futuro para la entidad, o las toma con mucha tardanza. Esto pone a los apoderados en situación de tener que tomar decisiones y/o firmar contratos sin contar con el previo acuerdo del Consejo. Esto último, posiblemente, conllevaría responsabilidades civiles e incluso penales para los apoderados», explicó Blum en una carta remitida a los consejeros.

El sustituto de Blum será nombrado previsiblemente en un Consejo de Administración que se celebrará el próximo martes. Hasta entonces no se podrán ejecutar decisiones de importancia en la entidad porque el otro apoderado, Tolo Martorell, no tiene poder de firma por sí solo. 
Técnicamente el relevo de Blum debería ser una persona de la confianza de Utz Claassen, pero no se descarta que Biel Cerdà y Serra Ferrer se alíen para imponer a un apoderado de su gusto.

«No he recibido, por parte de algunos consejeros, ninguna ayuda para desempeñar el cargo de la mejor manera para el club, y además he recibido claras señales de poner trabas y dificultades a mi función, incluso advertencias de posibles responsabilidades legales», criticó el alemán en la carta.

Blum argumentó que «muchas firmas como apoderado tienen efectos en cuanto a gastos futuros» y consideró «inaceptable estampar mi firma sin conocer el estado de liquidez del club». Teniendo en cuenta, añadió Blum, que «según la previsión existente, con sus dudas y cuestiones, señala una posible tesorería negativa a partir de mayo».

En el orden del día del Consejo del martes ya figuran puntos como el nombramiento de un consejero que sustituya al dimitido Pep Roig; la designación de un secretario para reemplazar al también dimitido Josep Carbonell; la oposición de Serra Ferrer a la ´due dilligence´ puesta en marcha a instancias de Utz Claassen; y la inscripción en el registro de accionistas de la sindicación firmada entre Biel Cerdà y Serra Ferrer.
El máximo accionista detendrá la ´due dilligence´ –con el voto de Cerdà– al considerar que hay un conflicto de intereses porque la empresa contratada para auditar los números, Price Waterhouse Coopers, es la misma que asesora legalmente a Claassen en la demanda de acción civil que interpuso contra el propio Serra y el expresidente Jaume Cladera.

Los nuevos nombramientos obedecen a cuotas de poder. Al bloque formado por Claassen y Pedro Terrasa le corresponde la designación del consejero que se sentará en la silla que hasta ahora ocupaba Roig. El nuevo secretario será en cambio alguien de la confianza de Serra Ferrer. Por cierto que será el cuarto en solo tres años y medio.